Imputada por un delito contra la salud pública la empresa española fabricante de los conocidos papeles de fumar Smooking y papel de fumar para otras marcas de tabaco españolas, al utilizar componentes cancerígenos.
El titular del juzgado número 16 de Barcelona concluyó que Jordi Mercader Miró, director de Miguel y Costas & Miguel, cometió un delito contra la salud pública al sustituir componentes legales de la fabricación del papel, por otros ilegales y cancerígenos, para abaratar costes.
El escándalo salió a la luz a partir de la denuncia realizada por un ex directivo de la empresa, que además reveló que esta práctica ilegal se lleva realizando desde hace años.
Según ha revelado el juez tras 6 años de investigación, la empresa de Jordi Mercader sustituyo sistemáticamente componentes permitidos por el CAE como lino y cáñamo por madera, cereales y esparto, de cuya combustión se desprenden sustancias que pueden provocar cáncer de pulmón, laringe y labio, según la información aparecida en el periódico El Mundo.
Para el juez, para la Fiscalía y para los forenses no hay duda. La empresa que suministra el papel de fumar en España lleva años elaborándolo con productos cancerígenos para abaratar costes y aumentar beneficios.
Miquel y Costas & Miquel es la única empresa que suministra papel de fumar en España desde hace años. Vende papel a las tabacaleras mas conocidas para que elaboren los cigarrillos, además de papel de liar. Según las diligencias judiciales, a las que ha tenido acceso el periódico EL MUNDO, alrededor del año 1997 y cuando la situación económica de la empresa era muy discreta, los directivos optaron por sustituir las materias prescritas en el Código Alimentario por otras ilegales y peligrosas.
Según el juez, lo hicieron al menos en el papel de liar, en los cigarrillos de Ducados y en los de Celtas, que lamentablemente han sido las únicas marcas analizadas para el juicio.
Las investigaciones han constatado que los resultados económicos de la empresa empezaron a crecer porque se redujeron considerablemente los costes. Si el anterior material tenía un precio de 280 el kilo, este valor pasó a ser, con los nuevos componentes, de 65 el kilo. En el año 2003, la firma se situó a la cabeza de rentabilidad de la Bolsa Española.
El titular del Juzgado número 16 de Barcelona ha finalizado una investigación que se inició hace seis años y ha concluido que tanto Jordi Mercader como Luis María Collados Echenique, el representante legal de la empresa fabricante de papel Miquel y Costas & Miquel, han cometido un delito contra la salud pública, castigado con una pena de apenas uno a cuatro años de cárcel.
La acusación particular, que inició el procedimiento judicial, ya ha enviado al Juzgado su escrito de calificación y solicita 10 años de prisión para ambos empresarios, cuyos abogados han intentado paralizar el proceso en numerosas ocasiones. En el escrito de acusación, al que ha tenido acceso el periódico EL MUNDO, se imputa a Mercader y Collados un delito continuado contra la salud pública y un delito continuado de estafa instrumental. Además, se solicitó que paguen indemnizaciones de más de 15 millones de euros por los daños causados a todos lo fumadores y que la firma suspendiera sus actividades.
El perito que fue designado por el Juzgado, un catedrático de Medicina Legal y Forense de la Universidad de Barcelona y técnico Facultativo del Instituto Nacional de Toxicología, concluyó en un informe que fumar Ducados, Celtas y cigarrillos liados (los únicos que han sido analizados) comportan «mayores riesgos» y «resultan más perjudiciales para la salud de los fumadores ». Según el juez, tanto Mercader como Collados «sustituyeron la composición del papel de fumar con objeto de incrementar márgenes» con «conocimiento» de las consecuencias y las muertes asociadas a ello.
Ante la incredulidad del jurado, Jordi Mercader responsabilizó en su declaración a Altadis del contenido del papel, asegurando que son los «clientes» los que lo deciden. En opinión del juez y de la Fiscalía, fue la papelera la que decidió cambiar los componentes permitidos por los ilegales, con el conocimiento y el consentimiento de la tabacalera.
La compañía tabacalera Altadis por su parte, no se pronunció sobre la polémica, pero reconoció al ministerio de Sanidad que usaba los productos ilegales.
Fue por exigencia del juez, que el Centro de Investigación y Control de Calidad (CICC) del Ministerio de Sanidad, el 16 de junio de 2004, solicitó a Altadis que aportara documentación relativa a la composición del papel del tabaco que comercializaba. Asombrosamente en dicho informe, al que ha tenido acceso el periódico EL MUNDO, el CICC del Ministerio de Sanidad se declaró incompetente, por no contar con los medios suficientes para realizar el estudio: «La comparación cualitativa y cuantitativa de las sustancias tóxicas producidas por cigarrillos fabricados con papeles a base de las materias primas establecidas en el Código Alimentario Español y los fabricados con madera y esparto» no puede ser analizada porque «la máquina de fumar RM-20, de la que está dotada este centro», no tiene capacidad para ello, por lo que concluyó que no podía responder a lo solicitado por el juzgado.
Mientras tanto el Gobierno se desmarcó del escándalo, declarándose también “incompetente” para analizar la toxicidad del papel.
Sin embargo, el juzgado consiguió los diversos dictámenes realizados por laboratorios y expertos, que confirmaron que el papel de madera y demás componentes es «de gran potencial cancerígeno, originando así un riesgo para la salud».
El imputado, Jordi Mercader Miró, es además presidente de Aguas de Barcelona (AGBAR) y vicepresidente del banco La Caixa. Además ocupa el puesto noventa y nueve de los hombres mas ricos de España con una fortuna de 40,6 millones de euros.
Cabe destacar que desde que se tuvo conocimiento de los hechos, el caso fue inexplicablemente archivado varias veces y durante años hasta que un juzgado de Barcelona lo rescató e inició los trámites de investigación. Por tal motivo, el alcance de los daños y las muertes ocasionadas por esta práctica durante más de casi veinte años, no van a poder ser cuantificados.
La venta de productos cancerígenos en España está contemplada como un delito contra la salud pública, pero que está penado solamente con entre 1 y 4 años de prisión.
Aún así, la empresa anunció la presentación de un recurso contra la decisión del juez.
Fuente: 20minutos.es
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